Esta orden, que entrará en vigor el 1 de julio, incluye 48 nuevos productos entre los que se encuentran varios tipos de sillas de ruedas, corsés, andadores y cojines antiescaras y se adecúan los importes máximos de financiación a la realidad del mercado para que puedan financiarse totalmente sin que las personas usuarias tengan que abonar cantidades adicionales como hasta ahora.
“La ampliación del catálogo supone una buena noticia para nuestro grupo social, puesto que verá ampliados los medios de apoyo a los que tiene acceso a través de nuestro Sistema Nacional de Salud”, afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien hace hincapié en que “en definitiva, esto supondrá que las personas con discapacidad física y orgánica tendrán más oportunidades para desarrollar su propio modelo de vida”.
Además, esta actualización contempla la posibilidad de que el usuario no tenga que adelantar el importe de los productos cuando se trate de personas en situación de vulnerabilidad económica o cuando sean productos de elevado importe, siendo competencia de las comunidades autónomas la definición del procedimiento de obtención de la prestación ortoprotésica.
Queiruga advierte de que “a pesar de que el catálogo será homogéneo en todos los territorios de España, dejar que sean las comunidades autónomas quienes decidan la mejora por parte del usuario provocará que no se elimine la desigualdad territorial”.
Por otro lado, el presidente de la Confederación lamenta también que, teniendo en cuenta que la anterior actualización fue en el año 1998, “se deberían haber incluido más productos ortoprotésicos como la silla de ruedas rígida de vida activa”, pero espera que esta situación “se solucione pronto”, puesto que recuerda “el compromiso por parte del Gobierno para la inclusión de este producto antes de la entrada en vigor del nuevo catálogo.
“Esperamos que con esta actualización se solucione el hecho de que haya personas que no puedan acceder a estos recursos necesarios únicamente por cuestiones económicas” remarca Queiruga, al tiempo que señala que otra de las limitaciones que presenta esta orden son los requisitos solicitados para acceder a algunos productos.
En este sentido, explica que hay algunos productos en los cuales lo que determina si una persona tiene acceso a un determinado producto es la causa que originó su discapacidad, cuando “debería depender de las necesidades específicas de las personas y no de qué motivo que ahora tenga esas necesidades”.
