La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha presentado una serie de aportaciones al borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026–2030, con el objetivo de garantizar que esta nueva normativa contribuya de forma efectiva a asegurar el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda adecuada, accesible y en comunidad.

COCEMFE valora positivamente que el borrador del Real Decreto reconozca la accesibilidad como principio rector y considere a las personas con discapacidad como grupo vulnerable, pero alerta de que, sin medidas operativas concretas, estos avances corren el riesgo de quedarse en meras declaraciones.

Entre las principales propuestas presentadas por la entidad se encuentran la inclusión de una obligación legal para que las comunidades de propietarios realicen obras de accesibilidad cuando residan personas con discapacidad, eliminando la actual dependencia de acuerdos vecinales, así como la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal, estable y finalista, que asegure la sostenibilidad financiera de las actuaciones en esta materia y garantice su continuidad en el tiempo.

Asimismo, es necesario establecer un cupo vinculante de al menos el 4% de vivienda protegida reservada para personas con discapacidad, con mecanismos de control y transparencia en la adjudicación e impulsar programas de alquiler accesible, que combinen ayudas públicas y adaptación de inmuebles, con una reserva específica para personas con discapacidad.

COCEMFE incide en que fomentar vivienda pública accesible y adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad tanto en entornos urbanos como rurales, incluyendo nuevos modelos habitacionales inclusivos, reforzaría el derecho a la vida independiente, la participación social y la convivencia en comunidad, en coherencia con los principios de accesibilidad universal y con la Estrategia de Desinstitucionalización impulsada a nivel estatal, en la que también ha colaborado COCEMFE.

Por último, es fundamental incorporar un enfoque de género inclusivo y transversal, que además de proteger a las víctimas de violencia de género, contemple de manera explícita a las mujeres con discapacidad y también un sistema de seguimiento y evaluación con indicadores de accesibilidad y vida independiente, que permita medir de forma objetiva el grado de cumplimiento y garantizar que las medidas adoptadas tengan un impacto real en la vida de las personas con discapacidad.