La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha reclamado hoy al Gobierno que reforme la Ley de Propiedad Horizontal para que los costes de las obras de accesibilidad en edificios de viviendas donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años sean asumidos en su integridad por las propias comunidades de vecinos.
Así lo ha reivindicado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, durante la inauguración del Congreso de Accesibilidad y Vida Independiente (#CAVI23): Hábitat e innovación inclusiva, organizado por la entidad con el objetivo de profundizar en el derecho de las personas con discapacidad física y orgánica a una vida independiente impulsando el acceso a una vivienda digna y adecuada, garantizando la accesibilidad universal y evitando la institucionalización no deseada.
“Esta ley dice que es obligatorio realizar obras para garantizar la accesibilidad universal pero, al mismo tiempo, impone unos límites económicos”, ha explicado Queiruga, subrayando que “cuando, por ejemplo, se necesita instalar un ascensor, muchas veces la norma se convierte en papel mojado porque la inversión necesaria supera esos límites”.
En este sentido, ha remarcado que “la Administración es la que debe diseñar e implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad”, poniendo como ejemplo de su incumplimiento el hecho de que en España haya “casi dos millones de personas con movilidad reducida que solo pueden salir de casa si alguien les ayuda y otras 100.000 personas no pueden hacerlo nunca porque su edificio no es accesible”.
El presidente de COCEMFE también ha destacado la necesidad de que se habiliten “ayudas públicas suficientes para que el esfuerzo económico sea llevadero para las comunidades de propietarios”, así como “la creación de un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal con el que se financiarían “programas y actuaciones de accesibilidad universal en todo el territorio español con el objetivo de eliminar las barreras existentes”.
Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha afirmado que “la vivienda es el soporte vital de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, es el campamento base para lograr otras cumbres insoslayables para nuestra inclusión plena y participación social”.
“La vivienda es un bien básico al que las personas con discapacidad pedimos que sea accesible, asequible e inclusiva”, ha remarcado el presidente del CERMI asegurando que “las personas con discapacidad deben tener una preferencia absoluta en todas las políticas, estrategias y programas públicos de vivienda”.
En este sentido, Pérez Bueno, ha señalado que “la Ley de Propiedad Horizontal es insostenible en materia de accesibilidad universal” y ha apostado por tratar de que el nuevo Ministerio de Vivienda con Isabel Rodríguez asuma su reforma “y lo lleve a realidad en esta legislatura”.
Durante la mesa redonda ‘Hábitat, Accesibilidad y Personas con Discapacidad’, el abogado e investigador de la Cátedra Unesco de Vivienda URV, Andrés Labella Iglesias, ha destacado que “la gran conclusión es que la accesibilidad y el enfoque comunitario de los apoyos en la vivienda son la garantía para la vida independiente para las personas con discapacidad; un desafío en favor de la libertad”.
La arquitecta y técnica de Accesibilidad y Vida Independiente de COCEMFE, Judit Díaz Sesé, ha reconocido que “aunque existe un marco legal para el derecho a una vivienda accesible para las personas con discapacidad, la aplicación práctica no lo garantiza” y ha destacado que “la maraña legal y la dispersión de reglamentos no cubren la demanda suficiente y solo en obra nueva con algún tipo de subvención se garantiza un 4% de vivienda accesible, lo cual es irrisorio para dar respuesta al 10% de la población, las personas con discapacidad”.
“La vivienda adecuada como un derecho humano no se considera fundamento a la hora de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas”, ha sostenido la investigadora Foessa y miembro del Equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, Sonia Olea Ferreras. “No ha habido política de vivienda sino de inversión en vivienda en España, no hay vivienda pública (solo el 1,1%) y las familias no pueden asumir el coste de la vivienda y de sus suministros”, ha afirmado Olea Ferreras.
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