El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado en un documento sus propuestas en materia de derechos, inclusión y bienestar de las personas con discapacidad y de sus familias para los programas electorales de las formaciones políticas para las próximas elecciones generales del 23 de julio.
El documento reclama incluir en las candidaturas y en la campaña electoral a personas con discapacidad en posiciones de salida, es decir, a fomentar su participación política, así como a defender sus derechos y bienestar.
De esta forma, recoge la accesibilidad universal como principio orientador, entendiendo como tal la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
El CERMI dedica un apartado a las mujeres y niñas con discapacidad y madres cuidadoras, pues considera necesaria “la elaboración en el primer año de la nueva Legislatura de una macroencuesta sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, así como la revisión del ordenamiento jurídico para prohibir y suprimir prácticas contrarias a los derechos humanos de las personas con discapacidad”.
Otro de los ejes tratados son los derechos sociales de las personas con discapacidad. En este sentido, apuesta por aprobación de una Ley estatal de garantía de derechos y servicios sociales, que asegure para toda la ciudadanía una cobertura social suficiente y la aprobación de una Ley Integral de Protección a las Familias que ordene, sistematice, actualice y amplíe los apoyos de todo tipo que las familias reciben de los poderes públicos.
El documento vinculado con los derechos de las personas con discapacidad y con su inclusión ha sido aumentar en la legislatura hasta el 50% la tasa de actividad de personas con discapacidad, aprobar una ley estatal de emprendimiento social, modificar la Ley Orgánica de la Educación y su normativa de desarrollo para establecer en la legislación educativa el derecho a la educación inclusiva de calidad.
Asimismo, solicita crear en el seno del Ministerio de Educación la Delegación del Gobierno para la Inclusión Educativa, lograr un Pacto de Estado en materia de dependencia y autonomía personal a partir del cual replantear la Ley 29/2006 que regula este dispositivo de protección social, actualizar la legislación sobre derecho a la salud, atención sanitaria y cohesión y calidad del correspondiente sistema nacional y creación de un Fondo de Cultura Inclusiva que se nutra de las aportaciones correspondientes al 1% de todas las partidas de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a materias culturales.
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